Argentina llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda récord de US$ 45.000 millones que asumió el expresidente Mauricio Macri.
El entendimiento, cerrado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya fue elevado al Congreso e incluyó como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo.
«Esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico», precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
La iniciativa -que lleva como título «Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresó al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece, entre otras, que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente.
«Este nuevo programa viene a reemplazar el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas», agregó el comunicado.
Minutos después del anuncio realizado por el Gobierno, el FMI confirmó también el entendimiento alcanzado con las autoridades argentinas «sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses» y lo calificó como «pragmático y realista».
Las negociaciones finales incluyeron llamados constantes entre Buenos Aires y Washington. Y Guzmán mantuvo contactos con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, y con el presidente Alberto Fernández.
El grueso de las conversaciones se realizaron -desde el lado argentino- por Guzmán y el representante en el FMI, Sergio Chodos, con Julie Kozack, directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina.
Tras el acuerdo, el Palacio de Hacienda sostuvo que «el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo».
«El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio», informó la cartera que conduce Guzmán.
«El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI; mientras que el resto se hará después de completarse cada revisión», añadió.
«El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica que Argentina comenzará a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034», detalló.
El acuerdo se dio tras mucho tiempo de negociaciones
El Ministerio de Economía aseguró, además, que el acuerdo alcanzado, tras más de un año y medio de negociaciones, contempla «la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica».
«En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas», señalaron desde el organismo.
Y agregaron: «El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas».
«Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos», explicaron.
Y continuaron: «También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales», recalcaron desde el Palacio de Hacienda.
«El acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609», destacaron.
«La decisión de lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso, revisiones que abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales», concluyeron desde el Ministerio de Economía.
A negociar con la oposición
En lo que respecta al plano legislativo, el acuerdo del Gobierno con el FMI comenzó a debatirse ayer en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con la presencia de Guzmán, del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el director del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos.
En el texto del FMI, firmado por Kozack y Cubeddu, se aclara que «el acuerdo a nivel de personal aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que ha sido informado informalmente sobre los elementos del programa propuesto».
De esta forma, «se espera que el Directorio Ejecutivo analice la solicitud del programa respaldado por el FMI después de que el Congreso argentino apruebe el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados que las autoridades compartirán con los legisladores».
Hoy se sumaron referentes de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y gobernadores de diferentes provincias.
Para mañana está previsto que la Comisión de Presupuesto se reúna para avanzar en el dictamen, tras lo cual se sesionaría entre el jueves y el viernes para sancionar el texto en el recinto de la Cámara baja.
Argentina recibirá 24.240 millones de dólares en 2022
Argentina recibirá durante 2022 un total de US$ 24.240 millones -17.500 millones en DEG, la moneda del Fondo-, en desembolsos del organismo que implicarán un financiamiento neto de 0,7% del PBI y le permitirán cubrir el financiamiento externo del año, según lo previsto en el acuerdo.
Así se desprende del Memorando de Políticas Económicas y Financieras de la carta de intención que el Ejecutivo envió para su aprobación en el Congreso, antes de solicitar formalmente al Directorio la firma por un nuevo acuerdo ante el FMI.
En el «Marco de políticas y programa económico 2022-24» pactado en el citado documento, necesario para acceder al refinanciamiento de los vencimientos de capital por US$ 45.000 millones de la gestión anterior, Argentina se compromete a «mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo».
Asimismo, el Gobierno reveló un plan de financiamiento público por los próximos tres años en que durará el programa que firmarán la Argentina y el FMI, del que se desprende que el primer desembolso del organismo, previsto apenas se apruebe el acuerdo, será de US$ 9.800 millones.
Esos dólares ingresarían al país a fines de marzo y permitirán cancelar el vencimiento crítico por 1.900 millones de dólares, heredado del programa anterior.
El Gobierno se comprometió a implementar iniciativas y políticas para «mejorar las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación, implementando al mismo tiempo políticas para reducir las profundas brechas sociales y de infraestructura».
Asimismo, también deberá «reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos», entre las políticas destacadas.
De esta forma, se prevé un esquema de metas de inflación dentro de un rango estimado, de manera que para 2022 se espera que la misma se ubique dentro de un rango de 48% a 38%; para 2023 en el rango de entre 42% a 34%; y para 2024, el último año de duración del programa con el FMI, se encuentre entre el 37% a 29%, de manera de ir reduciéndola de manera gradual.
Asimismo, el Gobierno buscará fortalecer la balanza de pagos mediante políticas que «respalden la acumulación de reservas, los superávits comerciales, incentive las exportaciones netas, y las entradas de capitales de largo plazo, y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento, entre las iniciativas más destacadas».
El programa contempla financiamiento externo de otros organismos por un valor «de 0,4% del PIB por año, durante 2022-24, una porción del cual ayudará a financiar tanto proyectos de infraestructura como programas para reforzar la protección social y la eficiencia energética», indicaron.
En este contexto, se consignó que se trabaja con la intención de alcanzar «un acuerdo con los acreedores del Club de París sobre el calendario de repago de las obligaciones que sea consistente con nuestra capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda».
Este apoyo oficial, «combinado con un financiamiento neto del FMI al Tesoro en 2022 (0,7% del PIB), ayudará a reducir el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central a 1% del PIB en 2022 (criterio de ejecución cuantitativo), 0,6% del PIB en 2023 y cero en 2024», se indicó.
Asimismo, «la política de financiamiento doméstica permanece enfocada en fortalecer el mercado de títulos públicos en pesos, con un plan que apunta a un financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de 2% del PIB por año durante 2022-24, sobre la base del plan de consolidación fiscal debidamente equilibrado», concluyó.
